R: La solicitud de extradición debe ser presentada por el gobierno del país que solicita la extradición a través de la embajada de dicho país en México. Se debe proporcionar la información necesaria sobre la persona que se solicita y los cargos que se le imputan.
En esta etapa la SRE se encuentra facultada para analizar que la solicitud y/o petición de extradición cumple con los requisitos establecidos en los Tratados Internacionales o los requisitos en materia de extradiciones del país requerido.
Una vez que se recibe la solicitud de extradición, la SRE revisa la documentación y determina si cumple con los requisitos necesarios para proceder con el proceso. Si se determina que la solicitud es procedente, la PGR se encarga de llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.
Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
El procedimiento de extradición en México comienza con la solicitud formal de un país para que se entregue a una persona acusada de un delito.
Que exista un tratado de extradición o una convención internacional en la que ambos países sean signatarios
México ha otorgado y negado la extradición en diversos casos, lo que demuestra la importancia de este proceso en la lucha contra el crimen internacional y la justicia worldwide.
* Al meditar sobre estos criterios recordé que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto felony argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción common", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.
La magnitud true de la delincuencia internacional ha Source puesto de manifiesto la incapacidad del Estado para, por sí solo, hacer frente a un problema de automobileácter international. La situación antes descrita ha sido la razón principal para que los Estados decidan ampliar y estrechar sus lazos de cooperación en materia penal.
En los años ochenta el narcotráfico fue usado por la CIA para financiar a la Contra Nicaragüense y hasta Cuba se involucró en el tráfico. Fidel Castro terminó culpando y fusilando a otros para limpiarse. Pero el crimen organizado es ahora una amenaza grave para todo el continente y en Latinoamérica predominan gobiernos de izquierda que desconfían de Estados Unidos.
La obra in comento representa un buen esfuerzo de recopilación, acomodo y sumarización de los distintos ordenamientos legales e instrumentos navigate here que se utilizan en la actualidad para darle vida al procedimiento de extradición. Aunque no se trata de una obra analítica ni de estudio o discusión doctrinal sobre esta compleja institución jurídica de cooperación penal internacional, es un valioso auxiliar de referencia y consulta que cuenta con todos los tratados bilaterales vigentes suscritos hasta ahora por México, convenios y convenciones internacionales especializadas y relativas a los delitos y crímenes objeto del derecho internacional penal, y que cuenta, además, con una guía temática para navigate here facilitar la identificación de las disposiciones, así como con una basta selección de criterios jurisprudenciales emitidos por la SCJN y de los Tribunales Colegiados de Circuito, un glosario y bibliografía referente, pero insuficiente —hay que recalcarlo—sobre el tema de la extradición.
Una vez aclarada la posición que guardan los tratados en el sistema de fuentes del derecho mexicano, la autora estudia de manera basic los cambios que se han presentado en el sistema político mexicano en los últimos años, y que se han traducido en el desgaste y debilitamiento del sistema presidencial para dar paso a un sistema más abierto donde los poderes Legislativo y Judicial participan de manera más activa tanto en la vida nacional como internacional de México. Es de destacar el papel que ha asumido el Poder Judicial en materia de extradición, tanto en el caso Cavallo como en la interpretación del artworkículo 4o.
Además, es necesario que exista una orden de aprehensión o una sentencia condenatoria en firme en el país solicitante. También es importante que se presente la documentación necesaria que acredite la identidad de la persona a extraditar y los delitos por los que se le acusa.
Además, de tales Concepts se infiere un total desprecio y desconocimiento del papel que juega y ha jugado históricamente el derecho internacional consuetudinario en la construcción de fuentes escritas del derecho de gentes como los tratados, la doctrina de los juristas y publicistas y, por supuesto, la jurisprudencia internacional.*