El proceso judicial de extradición en México consta de varias etapas. En primer lugar, se lleva a cabo una audiencia en la que se determina si la persona a extraditar es la misma que se busca en el país solicitante y si los delitos por los que se le acusa son punibles en México.
Un trabajo de acopio digno de encomio que, seguramente, será de utilidad para quienes deseen conocer los instrumentos jurídicos indispensables sobre esta figura tan mentada como poco conocida, aunque se trata de una institución de derecho internacional penal que se encuentra incorporada a las legislaciones internas y a las prácticas internacionales de casi todos los países del mundo. Como recurso de cooperación entre los Estados para el Manage de la criminalidad interna e internacional, la extradición implica que sin perjudicar el ámbito de validez de la ley penal, sea posible y aun expedito trasladar al delincuente de un Estado a otro para aplicar al autor de un comportamiento delictivo las disposiciones de la justicia penal que elude al substraerse del ámbito jurisdiccional del país ante cuyo ordenamiento punitivo ha de responder refugiándose en otro.
9. ¿Puede una persona ser extraditada desde México si ya ha sido juzgada y condenada por el mismo delito en México?
El país solicitado debe determinar si se cumplen los requisitos para conceder la extradición y si la persona buscada será tratada de manera justa y humana en el país solicitante.
Las solicitudes de extradición activas son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial.
A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción universal, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia common marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.
3. Que la persona acusada haya cometido el delito en el país que solicita la extradición o haya huido a ese país para evitar el juicio.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a navigate here la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar navigate here o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de navigate here la petición de extradición.
El tráfico de drogas es un delito grave en Suiza y puede resultar en graves consecuencias legales y penales. Los abogados expertos en tráfico de drogas en Suiza juegan un papel basic en la defensa de los acusados de este delito.
Desde la perspectiva micro, en el reciente juicio contra Genaro García Luna se estaba juzgando a un individuo, pero desde la perspectiva macro se estaba juzgando a México y el fallo del jurado fue congruente con la notion que personajes como Trump le han metido a los estadounidenses sobre los mexicanos a los que llamó violadores, asesinos y narcotraficantes al tiempo que dijo que Centroamérica eran solo unos países de mierda.
México y Grecia son dos países que han establecido acuerdos de extradición con el objetivo de combatir la impunidad y fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia.
Que la solicitud de extradición contenga toda la información necesaria y esté debidamente fundamentada
La pena de muerte es una de las principales exigencias a respetar por parte de las autoridades mexicanas, ya que cualquier solicitud de extradición deberá aprobar que no puede ser sentenciado de esta forma.
Los presos tienen derecho a recibir asesoría jurídica para poder defender sus derechos y garantías, y para asegurarse de que se cumplan las normas y procedimientos establecidos por la ley.